Exigen interrogar a Ángel Aguirre por el caso de los 43 estudiantes
Colectivos de víctimas y representantes legales demandan la comparecencia del exgobernador de Guerrero ante las autoridades judiciales.
Representantes de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos han formalizado ante la Fiscalía General de la República la exigencia de interrogar a Ángel Aguirre Rivero. La solicitud busca esclarecer posibles omisiones o responsabilidades directas del exgobernador de Guerrero durante los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, argumentando que su testimonio es fundamental para completar las líneas de investigación abiertas por la unidad especial del caso.
La petición, respaldada por diversas organizaciones de derechos humanos, sostiene que las autoridades ministeriales deben profundizar en la cadena de mando y las comunicaciones existentes durante la noche de la desaparición. Los peticionarios enfatizan que, a casi doce años de los eventos, la rendición de cuentas de todos los actores políticos que ocupaban cargos públicos en ese momento es un requisito indispensable para alcanzar la verdad jurídica y la justicia que los padres de los jóvenes han reclamado de manera constante.
Desde la perspectiva de los representantes legales, la intervención de la Fiscalía es necesaria para evitar que se mantengan zonas de impunidad en el expediente. Se argumenta que el análisis de las actuaciones de la administración estatal de aquel entonces permitiría corroborar o descartar la participación de cuerpos de seguridad locales y su coordinación con grupos delictivos, un punto que sigue siendo central en la narrativa de las investigaciones actuales.
Por su parte, el equipo jurídico de los familiares ha señalado que no existen obstáculos legales para que el exmandatario sea llamado a comparecer ante el Ministerio Público Federal. La expectativa de los colectivos es que esta diligencia aporte datos específicos sobre la estructura de seguridad pública en Guerrero y la forma en que el gobierno estatal respondió ante las crisis de violencia en la región norte del estado durante ese periodo.
La demanda ocurre en un contexto donde el Poder Judicial y las instituciones federales han intensificado la revisión de expedientes antiguos bajo los compromisos de transparencia asumidos por el Estado mexicano. Se espera que en los próximos días la Fiscalía determine la procedencia de esta solicitud y notifique a las partes interesadas sobre los pasos a seguir dentro del proceso penal correspondiente.
