SEGOB propone aumento presupuestal para atención migratoria y defensa jurídica

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha presentado ante la Cámara de Diputados una propuesta presupuestal dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, la cual contempla un incremento en los fondos destinados a la defensa jurídica, la gestión de asuntos migratorios y la promoción de testamentos a nivel nacional. El monto propuesto asciende a 119.8 millones de pesos, recursos que buscan fortalecer las capacidades institucionales de la dependencia para atender demandas ciudadanas y retos operativos en las fronteras del país.

El planteamiento presupuestal detalla que una parte significativa de estos recursos será canalizada hacia el fortalecimiento de las áreas encargadas de la atención a personas en situación de movilidad. La SEGOB sostiene que el aumento es necesario para garantizar un acompañamiento legal adecuado y eficiente, cumpliendo con los estándares de derechos humanos en los procesos de regularización y estancia dentro del territorio nacional.

Asimismo, el proyecto contempla un impulso al programa de testamentos, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica a las familias mexicanas. Según el documento entregado a los legisladores, la intención es ampliar la cobertura de este servicio administrativo, permitiendo que un mayor número de ciudadanos acceda a la protección de su patrimonio mediante trámites simplificados y jornadas de asesoría legal en diversas entidades federativas.

La propuesta ahora se encuentra en manos de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Los legisladores deberán analizar la viabilidad financiera de este incremento, así como su alineación con las prioridades de gasto social establecidas para el próximo ejercicio fiscal, antes de proceder con las votaciones correspondientes para la aprobación del presupuesto definitivo.

Este incremento responde, según fuentes de la dependencia, a la necesidad de modernizar los sistemas de atención al ciudadano y optimizar la respuesta ante la creciente demanda de servicios jurídicos básicos. El equipo encargado de la planeación presupuestal enfatizó que el fortalecimiento de estas áreas permitirá una gestión más ágil y transparente de los recursos destinados al bienestar administrativo de la población.